Un actuario del Instituto de Información Pública local, obligó a subalternos del presidente del PRI a recibir documentación que cuestiona sobre la situación general del tricolor.
David Monroy
CUERNAVACA, MOR.- Bajo presión del Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE), el presidente estatal del PRI, Guillermo del Valle Reyes ordenó la recepción de nuevas solicitudes de información pública que dos militantes de esa organización introdujeron la semana pasada para conocer el estado económico, estructural y organizacional que guarda ese instituto, y que se suman a otras que el ex diputado federal se ha negado a complementar y en otros casos, a responder conforme lo establece la legislación correspondiente.
Claudia Annete Martínez Lavín, consejera política local y Jonathan Efrén Márquez Godínez, Presidente del Frente Juvenil Revolucionario en Temixco, se presentaron el viernes por la tarde a las instalaciones del PRI-Morelos para entregar documentación que solicita información sobre las finanzas, nombramientos, directorios, actas de entrega recepción de cinco años a la fecha así como convocatorias vinculadas a la renovación del comité estatal tricolor, entre otros documentos.
Los solicitantes se presentaron a entregar la documentación, sin embargo no existía un encargado de la Unidad de Información Pública (UIP) a la que están obligadas las instituciones públicas y la secretaria del presidente priísta, Guillermina Sánchez Cortés se negó a recibir documentación alguna, argumentando que tenía órdenes precisas, y luego adujo que no tenía el sello correspondiente para tal efecto. Siempre con llamadas previas.
El actuario y representante del IMIPE, Pedro Pérez Esquivel le hizo notar que incurría en una grave falta contra la legislación y que estaban obligados a recibir las solicitudes. Luego de varias llamadas, aseguró que el ex líder del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Manuel Gómez Vázquez –actualmente asesor jurídico del PRI— sería la persona que les recibiera los documentos.
Según la versión de los quejosos, Gómez Vázquez recibió de mala gana la información y se le notificó por el IMIPE que desde el viernes comenzó a correr el término de diez días hábiles para que contesten las solicitudes.
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