Ocultó gobierno de Adame quebranto de 60 millones contra Morelos

Funcionarios de la presente administración omitieron y desviaron información por meses para evitar que se conocieran detalles de un fraude de más de 60 millones de pesos. El IMIPE los obligó a entregar información.

David Monroy

CUERNAVACA, MOR.- El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y la Secretaría de Salud (SS) del gobierno local, confirmaron que la administración del ex mandatario, Sergio Estrada Cajigal Ramírez es responsable y cómplice un quebranto a las finanzas públicas por más los 60 millones de pesos, que fueron entregados por adelantado a una empresa particular que no cumplió con la realización de casi 50 mil exámenes médicos para grupos vulnerables de la entidad para la que fue contratada

De acuerdo a información en poder de Tiempo M, los titulares del REPSS, Mario Alberto Oliva Ruíz y el secretario de salud del actual gobierno, Víctor Manuel Caballero Solano reservaron, excluyeron y ocultaron información desde el inicio de la administración del gobernador, Marco Antonio Adame Castillo para evitar que el fraude encabezado por la empresa Especialidades Médicas de México S.A. (cuyo nombre comercial es Tecnologías Médicas) se conociera de inmediato.

Según información proporcionada por la SS y el REPSS –a través de un procedimiento de más de ocho meses a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) –que le ordenó a las dependencias entregar información que ellos consideraron clasificada—queda de manifiesto que la empresa Tecnologías Médicas de México S.A. nunca cumplió con lo estipulado en dos contratos que le adjudicó el gobierno del estado para que realizará check ups a grupos vulnerables y de escasos recursos, concentrados en el denominado Seguro Popular.

Una investigación realizada por Tiempo M, puso al descubierto que aún cuando el gobierno estatal –encabezado por Sergio Estrada Cajigal Ramírez—entregó la totalidad del dinero a la empresa, ésta sólo “entregó” formatos para la realización de los exámenes, pero jamás realizó los casi 50 mil para la que fue contratada. Lo anterior se desprende de la investigación anterior como de los datos entregados recientemente por las dependencias, pues al cruzarlos evidencia que Tecnologías Médicas sólo realizó 6 mil 182 exámenes, en tanto que quedaron pendientes un poco más de 42 dos mil, aún cuando ya le fueron pagados en su totalidad.

La Historia

En el último semestre de la administración de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, la empresa Especialidades Médicas de México S.A (propietaria de la clínica Tecnologías Médicas, ubicada en la avenida Plan de Ayala número 210 de Cuernavaca) logró la adjudicación –vía fast track- de por lo menos dos contratos con el gobierno del estado para realizar casi 50 mil exámenes médicos. El primero fue un contrato firmado el ocho de mayo del año pasado para realizar 22 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio, radiología e imagen por un monto total de 35 millones de pesos.

El segundo contrato, firmado el 12 de septiembre del 2006, encarga a Especialidades Médicas de México S.A. la realización de otra cantidad de checkups (no especificada en el contrato) que alcanza los 17 mil exámenes. Todo con un monto total de 24 millones 999 mil 454 pesos. Ese decir, Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. estaba obligada a realizar 49 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio de análisis clínicos y radiología e imagen, porque firmó contratos y se le pagó 59 millones 999 mil 459 pesos para atender a los más de 100 mil afiliados que en este momento forman el padrón del SP, establecen los datos de la dirección de afiliación y operación del SP.

Sin embargo, la ambigüedad de diversas cláusulas en los contratos referidos y lo relajado de los mismos, permitieron la interpretación a conveniencia de los mismos, sobre todo en lo referente a la entrega de los pagos como al finiquito del compromiso comercial. Por ejemplo, en ambos contratos –a los que Sin Línea tuvo acceso—la cláusula décimo tercera deja abierta la vigencia del contrato, mismo de lo que se valió la empresa para dejar de prestar el servicio unilateralmente al actual gobierno, aún cuando ni siquiera el diez por ciento del total de los exámenes se habían realizado.

Así también, las “bondades” del texto jurídico permitió que Especialidades Médicas de México S.A tuviera acceso casi inmediato al dinero público con la simple entrega de los paquetes de formatos de solicitud para estudios de gabinete o laboratorio, que no eran más que grupos de cuatro hojas media carta (una original para el REPSS, otra rosa para el afiliado, la verde para el hospital y una azul para la empresa), que debían ser entregadas a los hipotéticos pacientes en el interior de Morelos, según consta en la cláusula cuarta de ambos contratos. En el sentido operativo, los formatos se repartirían en las clínicas regionales del sector salud en Morelos y ahí médicos del SP los entregarían a los pacientes. Así, en dos contratos idénticos, la empresa llevó a sus cuentas bancarias más de 60 millones de pesos en el último tramo –mayo a septiembre—del gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

De acuerdo a datos perfectamente corroborados, Especialidades Médicas de México –empresa con apenas tres años de labores en la entidad—instaló supuestas “sucursales” regionales en: Axochiapan, Tetecala, Cuautla, Jojutla –que no eran otra cosa que pequeños locales acondicionados como “laboratorios”— con el fin de que sirvieran de enlace con la casa matriz, a fin de cumplir con los contratos mencionados. Sin embargo, sólo una “sucursal”, la del municipio de Axochiapan, fungió parcialmente con su tarea, pues en ese lugar se recogieron algunas muestras de laboratorio y quienes lograron entregarlas, posteriormente fueron trasladados a Cuernavaca para continuar con sus estudios. A partir de ahí, en ningún otro sitio se realizaron exámenes.

Las cifras que no encajan

Así como en Axochiapan fue el único lugar donde se inició el programa, de Axochiapan son los únicos números que Especialidades Médicas de México S.A.- y el propio gobierno del estado tienen para mostrar públicamente y hasta el momento ninguna de las dos partes –sobre todo el nuevo gobierno panista de Ademe Castillo— puede comprobar que se realizaron los casi 50 mil checkups, mismos que debieron culminarse dentro de la actual administración, ya que la cantidad de exámenes pactada no permitía terminarlos en el plazo de mayo a septiembre y de septiembre a diciembre. Las cifras confrontadas con el factor tiempo, simplemente no encajan.

Según la directora de Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. Carolina Garcés Galván los exámenes no sólo se culminaron, sino que se hicieron “todos los esfuerzos” para que en todas las sucursales se trabajara hasta terminar.

Entrevistada en abril de 2007, Garcés Galván aseguró que la empresa que dirige realizó exámenes a mil 200 y hasta mil 800 personas diariamente. Empero, según datos investigados en laboratorios de Cuernavaca con posibilidades de realizar checkups, esta cantidad no es posible, ya que se requerirían días enteros y madrugadas completas para llegar a 400 personas diarias pues para estos exámenes es necesario practicar en cada paciente: biometrías hemáticas completas, exámenes generales de orina, química sanguínea completa, sangre oculta en heces, prueba HIV, electrocardiograma, papanicolau (en las mujeres), densitometría ósea, anticeno prostático (en hombres) y en lo que se refiere al área de radiología e imagen, se suman otros 68 estudios adicionales.

El gobierno, ya sabía

Sin embargo, el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo decidió emparedar esta herencia del estradismo y giró instrucciones precisas para evitar que se comentara o filtrara a los medios de comunicación. En el caso del nuevo director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Mario Alberto Oliva Ruíz el caso es tan viscoso que evitó en su momento dar una versión oficial y personal durante dos meses en que se le solicitó una entrevista durante mayo y junio de 2007, en tanto que al interior del REPSS, el personal simplemente no desea tener cerca a un reportero a quienes deben decirles que “toda esa información se encuentra en la secretaría de Salud. Toda está allá, nosotros no tenemos nada”, expresa la enfermera de profesión, Olivia Ramírez Rojas, directora de gestión del Seguro Popular.

Pero no son los únicos; en entrevista, el secretario de salud, Víctor Manuel Caballero negó conocer cualquier dato, sin embargo ataja con el señalamiento que durante el sexenio de Marco Adame no habrá servicios que no pueda soportar la estructura de salud del estado, “y los que se deban hacer, se harán con la infraestructura con que contamos”.

--¿El estado de Morelos tiene la posibilidad médica y tecnológica para realizar checkups a los miembros del seguro popular?. “Desde luego la tenemos”, responde el funcionario.

Sin embargo y a pregunta expresa, el secretario asegura que en lo referente al desempeño y números del seguro popular del sexenio anterior, es preferible olvidarlo, y reconoce que no tiene forma de comprobar que la totalidad de los exámenes se hayan realizado.

-- Mire, la verdad yo prefiero mirar para adelante…y si algo hubiera, mejor se los entrego primero a la contraloría que a cualquier reportero, ¿no cree usted?, asegura socarronamente durante la entrevista.

No obstante, el gobierno de Morelos si está debida y completamente enterado de lo que sucedió al amparoc on esos contratos y puede darse una idea cómo se entregaron a la empresa de Fernández Urbán al grado de que cuentan con los elementos jurídicos para emplazar a un pleito judicial a Tecnologías Médicas pues el consejero jurídico del gobierno estatal, Pedro Luis Benítez Vélez tiene en su poder, desde el 22 de enero de este año, toda la documentación que prueba dicho fraude.

Mediante el oficio SS/REPSS/MOR/031/07 el director general del REPSS, Mario Alberto Oliva Ruíz le pone en antecedentes y le solicita a Benítez Vélez “intervenir y, en su caso, ejercer las acciones y excepciones que correspondan, respecto a la expresa controversia (…) en torno a la acreditación del resultado material inherente al cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios suscritos los días 8 de mayo y 12 de septiembre (…) entre el gobierno del estado y la sociedad anónima de capital variable denominada Especialidades Médicas de México”. En ese mismo documento Oliva Ruíz le incluye siete diferentes documentos, entre contratos, oficios y otras documentaciones relacionadas con el servicio vinculado a los chekcups.

Y es que Oliva Ruíz, al tomar las riendas de REPSS y del Seguro Poluar observó que existían inconsistencias e irregularidades en la aplicación de los chekcups y por ende, en el cumplimiento de los millonarios contratos, lo cual dio inicio a una diputa epistolar con la Garcés Galvan, quien reclamó airadamente en noviembre de 2006 el retraso de los pagos de septiembre y octubre. Días después Oliva Ruíz le contesta mediante oficio SS/REPSS/MOR/&59/06 del día cinco de diciembre, que para que le sean pagados los estudios es necesario que se someta al proceso, requisito y trámites correspondientes.

En un tercer documento del día dos de enero de 2007, la directora de la empresa, Carolina Garcés Galván vuelve a la carga para solicitar el pago de lo que “ya se hizo”, pues ambos contratos culminaron el 31 de diciembre de 2006 y “avisa” que ya no se realizarán más estudios porque el contrato ha finalizado, al tiempo en que chantajea que no harán más exámenes –ni siquiera los pendientes—si no existe otro contrato.

“…El gobierno del estado no sólo ha dejado de explotar las bondades del programa (de checkups) sino que se ha mostrado (sic) una actitud de desinterés y hostilidad (…) en virtud de lo anterior, le informamos que nuestras obligaciones contractuales especificadas en los contratos de fecha 8 de mayo y 12 de septiembre, vencieron el 31 de diciembre del 2006, y con la finalidad de no causar perjuicio alguno a los pacientes (…) se atenderán exclusivamente a los pacientes que se encuentren en tránsito y que por razones personales no pudieron llegar a alguna de nuestras clínicas (¿?), la empresa que represento absorberá los gastos generados por dicha atención. (…) A partir del 7 de enero de 2007, no se atenderán pacientes de nueva programación, tanto estudio por evento, checkups, hasta que se concrete la firma de un nuevo contrato”.

Y es que Tecnologías Médicas de México se había acostumbrado al trato preferencial recibido por los funcionarios del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. El entonces director general de recursos materiales y control patrimonial, Jorge Mario Arregui Uribe no sólo promovió los contratos a modos, sino que estableció las condiciones jurídicas para que el incumplimiento de los mismos no generara molestias a los proveedores ni a ellos mismos como ex funcionarios. “El señor Arregui fue el que protegió al gobierno”, reconoce Fernández Urban, quien ve en Arregui a un amigo “al que incluso se le abren las puertas de mi casa”. Jorge Marrio Arregui Uribe, asistió el 19 de abril a la fiesta de presentación del nuevo proyecto hospitalario de Fernández Urbán y cuenta con un espacio para trabajar en las oficinas de Tecnologías Médicas de México. Todo un amigo.

Buen negocio

En entrevista en junio de 2007, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, reconoció que efectivamente los contratos celebrados con el gobierno de Morelos representaron un buen negocio para su empresa, sin embargo buscó dejar claro que estos no representaron un quebranto para el estado porque –aun cuando se cumplieron por completo las exigencias de los mismos—“fuimos obligados a garantizar a través de una afianzadora la cantidad total de los contratos”. Lo cual no es verdad.

Se le cuestionó sobre la inconsistencia de las cifras de atención, y sobre la imposibilidad de que ninguna de las partes involucradas puedan comprobar que se cumplió con la meta trazada y pagada de número de checkups. Indicó que los contratos de prepago son válidos, y sobre todo el pago por adelantado en los mismos, lo que ejemplifica con los vales de gasolina o de despensa que se entregan a trabajadores de empresas o al servicio del estado. Los vales se entrega, la gente pude ir a gastarlos o no, es su decisión.

A pregunta expresa, Fernández Urbán sencillamente se pone la soga al cuello cuando manifiesta que además de haber garantizado el dinero público vía fianzas de ING Comercial América, asegura que se cumplieron con todos los exámenes, lo cual se contrapone con la versión de la directora general de su empresa, Carolina Garcés cuando éste reclamaba al ahora director del REPSS, Oliva Ruíz, el tratamiento del “nuevo” gobierno estatal.

-- Entonces, ¿Qué cantidad de pacientes habrán atendido diariamente para lograr cumplir con el número…?

-- Mira, te puedo dar a mas tardar –si me buscas-- el miércoles, (la entrevista fue el viernes) te puedo dar número de pacientes que fueron atendidos y creo que ya podemos tener ese día el nombre de los pacientes atendidos… y cuantos, cuantos diarios… una estadística.

Fernández Urbán entregó días después al reportero –previa solicitud de una copia de su identificación-- dos discos compactos con rótulos a mano. Los discos al ser introducidos a una computadora, estaban completamente vacíos, cuestión que se le informó directamente vía radio comunicador y argumentó una falla de su quemador.

Ofreció enviar la información prometida vía correo electrónico horas después –“en cuanto llegue a Cuernavaca”—A casi tres semanas de la entrevista y a pesar de la promesa del empresario, la información no llegó, ni física o electrónicamente.

En el numeral 3 del oficio 017/2008 dirigido al Jefe de la Unidad de Información Pública de la SS. Jesús Vázquez Flores, el REPSS reconoce que no tiene estadísticas o resultados de los checkups realizados y asegura que la empresa responsable, se negó a entregarlos argumentando “principios éticos y científicos”.