Veinte estados del país iniciaron simultáneamente la campaña contra la criminalización de la protesta social, en el marco de la conmemoración de la Carta Magna.
Samantha Brito
CUERNAVACA, MOR.-Cincuenta y tres organizaciones defensoras de los derechos humanos de 20 estados del país, iniciaron simultáneamente una campaña en contra de la criminalización de la protesta social y la defensa de la libertad de expresión, manifestación, asociación y el acceso a la información, en el marco del nonagésimo primer aniversario de la Constitución Política, ya que “se viola sistemáticamente al reprimir los derechos y garantías claramente establecidas”.
José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y a su vez integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, anunció el inicio de esta campaña en contra del “patrón de persecución y hostigamiento a los luchadores sociales” en México, “ya que los líderes sociales son tratados como criminales, por lo que es un reflejo de la justicia desigual”, aseveró.
Tras de esto, Martínez Cruz explicó que dentro de esta campaña se manejarán de dos hasta tres casos por estado, para documentar situaciones de agresión a los derechos humanos, por parte de Morelos, los organismos no gubernamentales estudiarán los casos ambientales del relleno sanitario en Loma de Mejía y la lucha de los 13 pueblos en defensa del manantial Chihuahuita, además de la instalación de la gasolinera en los manantiales de Cuautla, entre otros.
En este sentido, el activista social, detalló que la campaña se desarrollará en 4 ejes, los cuales son, entablar charlas, conferencias y foros para dar a conocer, en este caso, a los morelenses los derechos humanos, dar seguimiento a casos de mayor trascendencia de protesta social a nivel nacional que en caso de contemplar violación a las garantías individuales, recurrirán a instancias tanto federales, estatales y municipales para exponer la problemática y a su vez, exigir el respeto y dejar en claro que “el gobierno no tiene el derecho de reprimir”.
Finalmente, Martínez Cruz, enumeró las características de un estado represor, las cuales son la renuncia al diálogo, represión policiaca, descalificación de la expresión popular, militarización de la vida civil, participación directa del Ejército en acciones de combate a la delincuencia, instalación de retenes militares y la militarización de comunidades indígenas, por lo que gracias a las condiciones en que vive México la “garantía” de los derechos humanos, “la protesta social constituye una demanda concreta de la ciudadanía”, remató.
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