El secretario de salud reconoció cándidamente que omitió y negó información sobre el fraude de casi 60 millones de pesos cometido por una empresa particular en complicidad con la anterior administración en contra del gobierno del estado.
David Monroy
CUERNAVACA, MOR.- El secretario de salud, Víctor Manuel Caballero Solano reconoció que ocultó y negó información acerca del fraude de más de 60 millones de pesos que cometiera la empresa Especialidades Médicas de México S.A. contra el estado, para evitar caer en algún delito o incurrir en alguna irregularidad administrativa.
Luego de que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ordenara a la Secretaría de Salud (SS) y al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) entregar información que dolosamente estas dependencias consideraron clasificada, misma que demostraba un fraude cercano a losa 60 millones de pesos en el que la administración anterior de Sergio Estrada Cajigal Ramírez está involucrada, el titular de salud en el estado aseguró que esta conducta no tuvo otra intención que evitar que se dijera algo que significara una irregularidad.
Aún cuando Caballero Solano tenía los datos precisos, las copias de los contratos y la forma de comprobar que Especialidades Médicas de México S.A. y su propietario, Joaquín Guillermo Fernández Urbán no cumplieron con lo estipulado y en cambio se aliaron con ex funcionarios estatales apara obtener una licitación que les permitió obtener por adelantado casi 60 millones de pesos para realizar 40 mil exámenes médicos, el funcionario insistió que no era su función dar datos.
En dos ocasiones esta casa editorial solicitó a la Unidad de Información Pública (UIP) de la dependencia, una serie de datos respecto a la operatividad del seguro popular, el listado de los supuestos exámenes realizados así como el número de los exámenes realmente realizados, sin embargo por indicaciones de Caballero Solano la información fue clasificada y escondida, argumentando cuestiones éticas y legales.
Sin embargo, el IMIPE no sólo ordenó desclasificarlas sino entregar toda la documentación requerida, toda vez que se encuentra dentro de los apartados referentes a la información pública, susceptible de ser conocida por la ciudadanía.
Según Caballero Solano, entregó en su momento la documentación e información correspondiente a la secretaría de la contraloría quien realizaría en lo posterior una compulsa al listado entregado por la empresa. El entrevistado dijo que será esa dependencia la encargada de determinar si el asunto camina por la vía penal o civil, añadió.
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