Nombra MDM a Flores Bustamante para dirigir al PRD estatal

15 de octubre 2007

El aspirante forma parte de la corriente que encabeza el senador, Graco Ramírez Garrido.

David Monroy

CUERNAVACA, MOR.- El Movimiento Democrático Morelense (MDM) designó este domingo a Juan Ángel Flores Bustamante, como el candidato de esta corriente interna del PRD para competir por la dirigencia estatal del sol azteca.

En conferencia de prensa, Graco Ramírez Garrido, dirigente de este segmento perredista, consideró que Flores Bustamante tiene los elementos para dirigir a su partido en las siguientes elecciones intermedias, y al mismo tiempo, consolidar el avance del solatequismo que en el 2006 tuvo un crecimiento notable.

Juan Ángel Flores Bustamante fue electo este domingo en el consejo de la corriente MDM, logrando imponerse e Marcelino Montes de Oca, actual secretario de finanzas del comité estatal del PRD y al ex diputado local, Fernando Pacheco Godínez, quien declinó durante el proceso.

Flores Bustamante fue subsecretario de organización del comité estatal perredista y en el 2006, aspirante a diputado local plurinominal en calidad de propietario.

El nuevo aspirante deberá medirse en unos meses al resto de los aspirantes que resulten de las auscultaciones de las otras corrientes, como de PAIZ y la que encabeza el ex diputado local, Fidel Demédicis Hidalgo, quien el mismo ha confirmado que será él el aspirante dentro de su segmento

Llama SAM a legisladores a dejar desconfianzas a un lado

15 de Octubre de 2007

Asegura el secretario de gobierno que si mantienen esa actitud “no llegaremos a ningún lado”.

Samantha Brito

CUERNAVACA, MOR.- El secretario de gobierno, Sergio Álvarez Mata consideró que en tanto existan dudas entre los legisladores sobre los acuerdos que pretenden rescatar legalmente y luego hacer independiente a la DRTC –que alberga un canal de televisión y cuatro estaciones de radio—no se logrará ningún avance, por lo que instó a los representantes populares a confiar en que se llegará al final.

Luego de la reunión de la comisión encargada del rescate de los medios públicos de Morelos integrada por los poderes legislativo y ejecutivo, Álvarez Mata confirmó que este miércoles se realizarán los trámites necesarios para renovar los permisos de esos medios, cuyo periodo legal ya culminó.

El funcionario resaltó que el gobierno estatal comparte la idea de que estos medios deben independizarse para que cumplan su función.

A su vez, el presidente del comité de televisión del Congreso local, Jaime Tovar Enriquez dijo que a pesar de los acuerdos, es necesario resaltar que esos medios no pueden mantenerse como rehén de ningún poder específico, sino dedicarse a informar y educar como lo establece la ley.

Por su parte, la legisladora y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JCP) Virginia Meza Guzmán negó que sobre la mesa de los acuerdos se haya puesto como condición los permisos y la independencia de la DRTC a cambio de mantenerse el PRD en los trabajos de la mesa para la gobernabilidad.

Nueva Ley del Transporte
Todo para el Gobierno

Aún con las protestas del sector del transporte, se aprobó la nueva ley del ramo que además de darle orden al sector, ejercerá verdadera presión y control a un mundo que por décadas se ha convertido en un escollo para todo los gobiernos que ha pretendido someterle. Ahora las reglas son más claras, pero también el gobierno tendrá más facultades para obligarle a cumplir con calidad a los principales interesados: al usuario del transporte público.

Samantha Brito

El gobierno del estado y la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del estado, se valieron del viejo adagio “al cliente lo que pida” para acaparar de tajo el control y sanción del servicio del transporte público en la entidad.

Amparados en la bandera de buscar para el ciudadano-usuario un mejor servicio, la nueva ley del ramo no sólo regulará, vigilará y castigará los excesos en este oscuro imperio, sino que también estará al pendiente de sus ingresos “extras” derivados de las diversas modalidades de publicidad presente en los camiones, lo que convierte a esta propuesta en el único dique real contra la anarquía e ilegalidad en la que pervive el sector desde hace casi dos décadas, cuando el ex gobernador, Lauro Ortega Martínez desapareció el “pulpo camionero” e inauguró el sistema de colectivos en la entidad.

La ley

Tuvieron que pasar más de 20 años para que el gobierno de Morelos, al fin pudiera meter una mano en el fangoso terreno del auto transporte público del estado de Morelos. De acuerdo lo contenido en 120 artículos y aún contra la oposición de los líderes del transporte público, principalmente los conocidos como “ruteros”, el cliente deberá recibir un trato de calidad, además de ser transportado en unidades en condiciones de casi de excelencia, independientemente de los operadores cuenten con capacitación y salud suficiente para manejar las unidades.

Para el presidente de la comisión de transporte del Congreso local, Francisco Alva Meraz, la nueva ley es un avance significativo en la materia. A diferencia de la última ley publicada el 8 de febrero de 1989, durante el gobierno de Antonio Riva Palacio López, la reglamentación propuesta por el PAN y avalada por casi todos los partidos políticos de la presente legislatura estatal, contempla también la clasificación del servicio y establece un procedimiento claro para el otorgamiento de concesiones que en los últimos años ha presentado un sinnúmero de irregularidades y derivado en esquemas de corrupción, donde funcionarios del ramo, transportistas y hasta periodistas han resultado involucrados.

Así, entonces los transportistas estarán bajo control férreo del Ejecutivo estatal a través de la Secretaria de gobierno y las direcciones de Control Vehicular y de transporte, que aunque estaban facultades en la vieja ley para ejercer control, con la nueva reglamentación ganaron en facultades y ampliaron el radio de sanciones lo que generó de inmediato la reacción de los transportistas, quienes de inmediato amenazaron con una ola de amparos y con elevar drásticamente las tarifas porque los cambios implicarán “afectaciones a sus ingresos”.

Y es que la nueva ley no sólo contempla sanciones y control, sino que también busca generar certidumbre y orden en el manejo de las conceciones, viejo elemento de control y desaseo al interior del sector. Con la nueva reglamentación las autoridades tendrán en derecho directo a retirar los permisos casi por la mínima causa.

Es decir, los motivos de anulación, revocación o cancelación de las conceciones, obligará a los transportistas a mantener las unidades en servicio sin interrupciones injustificadas como puede ser protestas y bloqueos. Si el permiso es retirado, puede ser entregado mediante el procedimiento observado en la misma ley a cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos aún cuando no pertenezca al “círculo selecto” del transporte, como sucedía hasta hace unas semanas.

Los usuarios

Mientras que los transportistas aun mantienen un debate sobre los alcances y naturaleza de la misma ley, lo usuarios ya podrán visualizar que en breve contarán –al menos en el papel-- con un mejor servicio. Con la nueva ley, los operadores y los dueños de las conceciones ya no podrán tratar al usuario como hasta ahora, ni utilizar las unidades para amedrentar a los automovilistas, por ejemplo.

En el caso de los ruteros, deberán cuidar al usuario durante su ascenso y descenso, equipar las unidades para facilitar el transporte a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y menores de tres años quienes podrían beneficiarse al obtener descuentos en las tarifas, lo cual no se observa con otros grupos, como los estudiantes universitarios.

Asimismo, deberán someterse a un examen médico que acredite su aptitud psicofísica, para prestar el servicio de transporte público. También deberán portar gafetes de identificación.

La reforma garantiza un servicio de transporte de calidad, en cualquiera de las modalidades establecidas en la ley: con o sin itinerario fijo, urbano, interurbano, mixto, de carga, carga especializada, privado, particular. Asimismo, el usuario deberá observar cambios en las actitudes de los chóferes pues estos recibirán capacitación, lo que también ya estaba observado en la antigua ley, sin embargo ahora deberán observarse asesados, utilizar uniforme, no tener a la mano ningún tipo de distracción, sea un objeto o una persona; en cuanto a la unidad, se deberá otorgar el 10 por ciento del total de asientos, a personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La zozobra del usuario y del transeúnte terminarán –al menos en el papel—porque las carreritas entre ruteros por ganarse el pasaje se terminarán, porque la ley los obligará a contar con un gobernador de velocidad además de conducir con puertas cerradas, utilizar el alto total al momento del descenso y ascenso de pasajeros a la unidad, esto con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad del usuario.

“Los requisitos vistos en la nueva legislación, deberán incorporarse a la dinámica del transporte de forma inmediata”, asevera Alva Meraz, ya que es común oír de la voz ciudadana –agrega-- quejas por el las altas velocidades, la falta de precaución para pasar los topes, arrancar en el descenso y ascenso de los pasajeros sin constatar la seguridad de los mismos. “Representara hacer un mayor esfuerzo por cumplir las condiciones de higiene, educación, respeto y responsabilidad, para al fin de cuentas avalar la calidad. Eso lo sabemos, pero tienen que cumplirle al usuario”.

La oposición

Pese a los beneficios que se busca para los principales destinatarios del servicio como son los usuarios, los primeros y los únicos que protestaron por la implementación de la nueva ley, fueron los dueños de las concesiones, escudándose principalmente en la ley es injusta y ofreciendo argumentos que no lograban sustentar en los hechos. Sólo buscaban no salir afectados, como siempre.

Antes de la aprobación de la ley, el líder de la Federación Auténtica de Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, presentó un documento al vocal de la comisión de tránsito y transporte del Congreso local, Jaime Tovar Enríquez, con observaciones e inconformidades, mismas que pedían fueran modificadas para no afectar al sector transportista.

En el documento apelaban las “facultades extraordinarias” que se le otorgaba al Ejecutivo por medio de la regulación de publicidad en las unidades. Además de poner en riesgo la inversión del sector transportista, en los artículos 61,62 y 63 que establecen 15 causales para perder la concesión, “dejando en total indefensión al gremio transportista”, señala el documento.

Igualmente, apuntó que el otorgar el 50 por ciento o la exención de pago a menores de 3 años, personas discapacitadas y adultos mayores es incongruente, sobre todo con el panorama que dibuja la economía en este 2008, con el aumento de costo de la gasolina. Rivera Jaimes no descartó un aumento considerable a las tarifas para “solventar la situación”.

Rivera Jaime encontró cierto eco en las fracciones parlamentarias de oposición en el Congreso local (PRI y PRD) quienes debatieron la discrecionalidad de las “nuevas” facultades de la dirección del Transporte en cuanto a la colocación de publicidad, por lo que condicionaron la desaparición de esas fracciones de los artículos 12, 77, 87, 90 y 93, además de la eliminación de los artículos 89 y 96.

Por separado, en entrevista, Anselmo Delgadillo Saavedra, presidente de radio taxis turísticos, ejecutivos y empresariales de Morelos S.A de C.V coincidió con Rivera Jaimes al calificar el descuento del pasaje como “no factible”, con el argumento de las alzas con las que el sector recibió el año. “El alza a los energéticos desencadenará una serie de aumentos en escalada”. También, señaló que al dialogar con los diputados de la comisión de transportes, Francisco Alva Meraz y Jaime Tovar Enríquez se lograron incorporar aspectos que beneficiarán al sector del transporte, por ejemplo en lo referente a la colocación de la publicidad.

Sin embargo, se mostró escéptico de la aplicación de esta ley, pues aún cuando observa avances, la considera un verdadero freno para el desarrollo del transporte. “Hay que ver el buen criterio del gobierno en el buen uso de esta ley, para que no sea por medio de golpes al sector, la estrategia de alinearnos y someternos al orden”, sostuvo

Loma de Mejía
PACSA y Giles manipularon datos para hacer viable relleno sanitario

Especialistas de la UNAM compactan en un pliego de observaciones de más de 40 cuartillas, la serie de inconsistencias, omisiones y deficiencias que científicamente derriban el argumento oficial de que basurero de Loma de Mejía es viable.

David Monroy

El único argumento científico con que el presidente municipal de Cuernavaca, Jesús Giles Sánchez sustenta la instalación del relleno sanitario en el ejido de San Antón, se desmorona a pedazos: científicos reconocidos mundialmente confirmaron que el lugar donde se pretende la construcción del basurero no es el adecuado, y además representa severos riesgos de salud para Cuernavaca y otros municipios, al tiempo en que destacaron que el estudio realizado por PACSA, además de ser inexacto es “deficiente, incoherente y omiso”, por lo que dejan claro que hubo manipulación.

En un documento de casi 40 cuartillas, más de 20 científicos de diversas entidades académicas y organizaciones profesionales de México y el mundo, desacreditaron por completo los sustentos técnicos, las medidas de mitigación que propone PACSA y la versión difundida de que el relleno sanitario de Loma de Mejía es un proyecto viable. En el mismo texto, también desacreditan a la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), entidad que debió no sólo rechazar el estudio de la empresa, sino cancelar en definitiva el proyecto.

En el documento denominado”Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto de Relleno Sanitario de Loma de Mejía (MIA-RSLM)”, los científicos finalmente refieren que “en el caso de que la empresa persista en su propósito de construir un relleno sanitario en la Loma de Mejía, “creemos que debe modificar su proyecto drásticamente para que sea evaluado nuevamente a través de los procedimientos legales adecuados”.

Es inconsistente

Redactado de una forma completamente coloquial, los científicos encabezados por el investigador Raúl García Barrios del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM refieren ampliamente que PACSA, (conjuntamente con CEAMA y el Ayuntamiento de Cuernavaca) pasaron por alto aspectos fundamentales para hacer pasar el estudio como una “propuesta científicamente sólida”.

De ahí que las principales observaciones estriben en las deficiencias, omisiones e incoherencias lógicas (sic) de la MIA-RSLM, que tienen que ver con la ausencia de datos precisos sobre los principales costos y riesgos sociales y ambientales implicados en el proyecto, la estructuración adecuada del ejercicio de valoración integral del mismo así como la mención de las condiciones mínimas para mitigar los impactos negativos del basurero, que evidentemente PACSA no podrá eliminar por completo, como la empresa menciona.

La manipulación

Los datos, consideraciones y especificaciones del documento en mención fechado el día 4 de septiembre de este año, deja a lo largo de sus renglones y párrafos la firme idea de que el MIA-RSLM no sólo es un proyecto inviable, sino que se trató de “acomodar” para darle sustentabilidad al proyecto de PACSA y Giles

Y es que el propio texto menciona, que las omisiones e incoherencias están completamente relacionadas con –al menos—dos puntos neurálgicos del proyecto oficial: uno que tiene que ver con la evidente afectación de la zona por la inoperatividad de la geomembrana que se pretende instalar para separar los desechos del suelo, y el segundo, completamente relacionado al aspecto económico, ya que en caso de que PACSA quisiera evitar a cabalidad la contaminación de mantos freáticos, debería usar tecnología y medidas de mitigación que superaría con mucho los más elevados costos de inversión, lo cual sería incosteable.

Asimismo, el punto donde los científicos de la UNAM encabezados por García Barros clarifican con mayor intensidad es cuando lapidariamente mencionan que a pesar de conocer las especificaciones, las autoridades estatales y municipales consintieron que se manipularan los datos a favor de PACSA, pues las condiciones del terreno y el proyecto que se pretende llevar a cabo en aquel lugar los llevaría a caer en todas las prohibiciones que la NOM-83-SEMARNAT-2003 establece como obstáculos definitivos para este tipo de relleno sanitarios, los cuales –agregaron—en el mundo “son obsoletos al ser superados por sistemas de mayor sustentabilidad social, económica y ambiental”.

Es una zona crucial

Ursula Oswald Spring, investigadora del CRIM y ex secretaria de desarrollo ambiental del gobierno de Morelos amplía en entrevista, los motivos por los que los especialistas se oponen al basurero en Loma de Mejía: “Es una zona absolutamente crucial para Cuernavaca. Por una parte, es una zona excepcional es términos de cómo se constituyó. Probablemente hay en el mundo solamente una, dos o tres iguales.

“Por lo tanto un relleno sobre esta zona es altamente peligroso, porque es una zona muy diversa. Así como hay un metro de zona impermeable el siguiente metro es permeable, por lo tanto hay filtraciones”.

Oswald Spring, que en la actualidad también labora para la Universidad de la ONU e imparte la cátedra de vulnerabilidad social en universidades de Japón y Alemania, asegura que la imposibilidad de construir el relleno en Loma de Mejía se debe a que las formaciones paleolíticas de la zona, no sólo permiten filtraciones hacia el subsuelo y los mantos freáticos, sino a que los jugos lixiviados que arroje el tiradero, los recibirán municipios del sur como Temixco. “¿Entonces cómo vamos a apoyar la basura de una ciudad contaminando el agua y los acuíferos?”, cuestiona.

--PACSA y el Ayuntamiento aseguran que la geomembrana impedirá la filtración de lixiviados y por lo tanto, la contaminación de la zona…

-- No hay mundo un lugar, y mire que he recorrido el mundo entero (y) no he encontrado una geomembrana que no tenga al rato de uno o dos tres años, una fisura. Creo que el caso más patente era el relleno que se instaló, con todas las medidas tecnológicas en Cancún. Esa laguna se contaminó de pe a pa. Entonces, en una zona donde yo tengo movimiento –como loma de Mejía-- no se puede instalar geomembrana. Recuerdo que hicimos alguna pruebas, y siempre se nos rompe la geomembrana… entonces no hay posibilidad, es sumamente peligroso.

Mentir e Insistir, la estrategia

Ante la oposición de especialistas, ambientalistas y ejidatarios del lugar, Giles y PACSA han optado por estrategias definidas para evitar que el asunto termine por colapsarse. De acuerdo a versiones internas del propio Ayuntamiento de Cuernavaca, a Giles Sánchez se le propuso la implementación de una estrategia mediática y política que le permita llevar adelante el proyecto de PACSA, que según datos, podría recibir más de 100 mil millones de pesos en los años que dure la concesión de los desechos sólidos de la ciudad.

Por ejemplo el presidente municipal de Cuernavaca sólo repite que el proyecto está avalado por más de 30 científicos y que sólo por eso es viable, aunque últimamente agregó el factor económico contra la ciudad, es un factor que obliga la construcción del relleno. De la misma forma, su primer informe de gobierno se convirtió en la apología de la ecología y el medio ambiente, en clara referencia a su “inclinación” para defender el entorno natural.

Pero si Giles tiene una estrategia, PACSA también. La empresa ganadora de la concesión para el manejo de los desechos sólidos de la ciudad para los próximos 20 años no da entrevistas ni ofrece recorridos. Es más, asegura no tener datos. Cuando este medio les solicitó opiniones o datos para confrontarlos con los comentarios de los científicos, ofrecieron llamar después y… desaparecieron.

No obstante en todo esto, Giles y sus asesores también han buscado modificar el entorno político en su contra e incidir, aunque sea tímidamente, en la opinión pública. El caso que lo demuestra es la repentina actividad de La Federación de Colonias Populares (FCP) que se manifestó a favor del relleno y hasta llegó al Congreso del estado a presentar un documento para sustentar su petición. Fueron recibidos por diputados del mismo partido en el que milita Giles Sánchez: El PAN

Sin embargo la FCP es un ente más muerto que vivo, sin estructura y con débiles apariciones desde su fundación a principios de los años 90. Desde entonces no se había manifestado, salvo hasta que su dirigente Patricio Sánchez Ocampo, decidió ceder el liderazgo a una desconocida, pues se contraponía a sus intenciones de seguir cerca de sus intereses en torno al relleno sanitario.

Giles, se queda solo

Aún cuando el presidente municipal, Jesús Giles camina aparentemente impávido hacia la realización del proyecto –ya anunció la colocación de la primera piedra pesar de los datos científicos y de la oposición social— actores importantes han comenzado a dejarle solo debido al singular empecinamiento mostrado –extrañamente—por el munícipe y no por la empresa responsable: PACSA.

El primero en la lista fue el rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos quien reculó y aseguró –en entrevista—que la máxima casa de estudios de Morelos no avala el estudio de impacto ambiental presentado por PACSA, sino que son científicos que trabajan en la UAEM, los que ahí participan. “No es lo mismo; ellos trabajan aquí, pero no significa que tenga ese estudio el aval de la institución. Hay que aclarar ese punto”, refirió.

Asimismo, en el Encuentro para el Desarrollo Equilibrado del estado, realizado por los Ayuntamientos emanados del PRD en el municipio de Temixco, uno de los principales promotores del relleno sanitario y uno de los científicos que validaron el estudio de PACSA, Oscar Dorado Ramírez fue confrontado y tildado de incongruente por los presentes, que decidieron virar la naturaleza de la conferencia original, para recriminarle su apoyo al relleno sanitario.

Dorado Ramírez, tuvo que dejar a un lado su habitual soberbia y tuvo que aceptar ante los ambientalistas que “no estoy de acuerdo en el relleno sanitario. Yo dije al proyecto que `si, sólo sí´ se establecían las medidas de mitigación correspondiente”.

Ocultó gobierno de Adame quebranto de 60 millones contra Morelos

Funcionarios de la presente administración omitieron y desviaron información por meses para evitar que se conocieran detalles de un fraude de más de 60 millones de pesos. El IMIPE los obligó a entregar información.

David Monroy

CUERNAVACA, MOR.- El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y la Secretaría de Salud (SS) del gobierno local, confirmaron que la administración del ex mandatario, Sergio Estrada Cajigal Ramírez es responsable y cómplice un quebranto a las finanzas públicas por más los 60 millones de pesos, que fueron entregados por adelantado a una empresa particular que no cumplió con la realización de casi 50 mil exámenes médicos para grupos vulnerables de la entidad para la que fue contratada

De acuerdo a información en poder de Tiempo M, los titulares del REPSS, Mario Alberto Oliva Ruíz y el secretario de salud del actual gobierno, Víctor Manuel Caballero Solano reservaron, excluyeron y ocultaron información desde el inicio de la administración del gobernador, Marco Antonio Adame Castillo para evitar que el fraude encabezado por la empresa Especialidades Médicas de México S.A. (cuyo nombre comercial es Tecnologías Médicas) se conociera de inmediato.

Según información proporcionada por la SS y el REPSS –a través de un procedimiento de más de ocho meses a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) –que le ordenó a las dependencias entregar información que ellos consideraron clasificada—queda de manifiesto que la empresa Tecnologías Médicas de México S.A. nunca cumplió con lo estipulado en dos contratos que le adjudicó el gobierno del estado para que realizará check ups a grupos vulnerables y de escasos recursos, concentrados en el denominado Seguro Popular.

Una investigación realizada por Tiempo M, puso al descubierto que aún cuando el gobierno estatal –encabezado por Sergio Estrada Cajigal Ramírez—entregó la totalidad del dinero a la empresa, ésta sólo “entregó” formatos para la realización de los exámenes, pero jamás realizó los casi 50 mil para la que fue contratada. Lo anterior se desprende de la investigación anterior como de los datos entregados recientemente por las dependencias, pues al cruzarlos evidencia que Tecnologías Médicas sólo realizó 6 mil 182 exámenes, en tanto que quedaron pendientes un poco más de 42 dos mil, aún cuando ya le fueron pagados en su totalidad.

La Historia

En el último semestre de la administración de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, la empresa Especialidades Médicas de México S.A (propietaria de la clínica Tecnologías Médicas, ubicada en la avenida Plan de Ayala número 210 de Cuernavaca) logró la adjudicación –vía fast track- de por lo menos dos contratos con el gobierno del estado para realizar casi 50 mil exámenes médicos. El primero fue un contrato firmado el ocho de mayo del año pasado para realizar 22 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio, radiología e imagen por un monto total de 35 millones de pesos.

El segundo contrato, firmado el 12 de septiembre del 2006, encarga a Especialidades Médicas de México S.A. la realización de otra cantidad de checkups (no especificada en el contrato) que alcanza los 17 mil exámenes. Todo con un monto total de 24 millones 999 mil 454 pesos. Ese decir, Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. estaba obligada a realizar 49 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio de análisis clínicos y radiología e imagen, porque firmó contratos y se le pagó 59 millones 999 mil 459 pesos para atender a los más de 100 mil afiliados que en este momento forman el padrón del SP, establecen los datos de la dirección de afiliación y operación del SP.

Sin embargo, la ambigüedad de diversas cláusulas en los contratos referidos y lo relajado de los mismos, permitieron la interpretación a conveniencia de los mismos, sobre todo en lo referente a la entrega de los pagos como al finiquito del compromiso comercial. Por ejemplo, en ambos contratos –a los que Sin Línea tuvo acceso—la cláusula décimo tercera deja abierta la vigencia del contrato, mismo de lo que se valió la empresa para dejar de prestar el servicio unilateralmente al actual gobierno, aún cuando ni siquiera el diez por ciento del total de los exámenes se habían realizado.

Así también, las “bondades” del texto jurídico permitió que Especialidades Médicas de México S.A tuviera acceso casi inmediato al dinero público con la simple entrega de los paquetes de formatos de solicitud para estudios de gabinete o laboratorio, que no eran más que grupos de cuatro hojas media carta (una original para el REPSS, otra rosa para el afiliado, la verde para el hospital y una azul para la empresa), que debían ser entregadas a los hipotéticos pacientes en el interior de Morelos, según consta en la cláusula cuarta de ambos contratos. En el sentido operativo, los formatos se repartirían en las clínicas regionales del sector salud en Morelos y ahí médicos del SP los entregarían a los pacientes. Así, en dos contratos idénticos, la empresa llevó a sus cuentas bancarias más de 60 millones de pesos en el último tramo –mayo a septiembre—del gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

De acuerdo a datos perfectamente corroborados, Especialidades Médicas de México –empresa con apenas tres años de labores en la entidad—instaló supuestas “sucursales” regionales en: Axochiapan, Tetecala, Cuautla, Jojutla –que no eran otra cosa que pequeños locales acondicionados como “laboratorios”— con el fin de que sirvieran de enlace con la casa matriz, a fin de cumplir con los contratos mencionados. Sin embargo, sólo una “sucursal”, la del municipio de Axochiapan, fungió parcialmente con su tarea, pues en ese lugar se recogieron algunas muestras de laboratorio y quienes lograron entregarlas, posteriormente fueron trasladados a Cuernavaca para continuar con sus estudios. A partir de ahí, en ningún otro sitio se realizaron exámenes.

Las cifras que no encajan

Así como en Axochiapan fue el único lugar donde se inició el programa, de Axochiapan son los únicos números que Especialidades Médicas de México S.A.- y el propio gobierno del estado tienen para mostrar públicamente y hasta el momento ninguna de las dos partes –sobre todo el nuevo gobierno panista de Ademe Castillo— puede comprobar que se realizaron los casi 50 mil checkups, mismos que debieron culminarse dentro de la actual administración, ya que la cantidad de exámenes pactada no permitía terminarlos en el plazo de mayo a septiembre y de septiembre a diciembre. Las cifras confrontadas con el factor tiempo, simplemente no encajan.

Según la directora de Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. Carolina Garcés Galván los exámenes no sólo se culminaron, sino que se hicieron “todos los esfuerzos” para que en todas las sucursales se trabajara hasta terminar.

Entrevistada en abril de 2007, Garcés Galván aseguró que la empresa que dirige realizó exámenes a mil 200 y hasta mil 800 personas diariamente. Empero, según datos investigados en laboratorios de Cuernavaca con posibilidades de realizar checkups, esta cantidad no es posible, ya que se requerirían días enteros y madrugadas completas para llegar a 400 personas diarias pues para estos exámenes es necesario practicar en cada paciente: biometrías hemáticas completas, exámenes generales de orina, química sanguínea completa, sangre oculta en heces, prueba HIV, electrocardiograma, papanicolau (en las mujeres), densitometría ósea, anticeno prostático (en hombres) y en lo que se refiere al área de radiología e imagen, se suman otros 68 estudios adicionales.

El gobierno, ya sabía

Sin embargo, el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo decidió emparedar esta herencia del estradismo y giró instrucciones precisas para evitar que se comentara o filtrara a los medios de comunicación. En el caso del nuevo director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Mario Alberto Oliva Ruíz el caso es tan viscoso que evitó en su momento dar una versión oficial y personal durante dos meses en que se le solicitó una entrevista durante mayo y junio de 2007, en tanto que al interior del REPSS, el personal simplemente no desea tener cerca a un reportero a quienes deben decirles que “toda esa información se encuentra en la secretaría de Salud. Toda está allá, nosotros no tenemos nada”, expresa la enfermera de profesión, Olivia Ramírez Rojas, directora de gestión del Seguro Popular.

Pero no son los únicos; en entrevista, el secretario de salud, Víctor Manuel Caballero negó conocer cualquier dato, sin embargo ataja con el señalamiento que durante el sexenio de Marco Adame no habrá servicios que no pueda soportar la estructura de salud del estado, “y los que se deban hacer, se harán con la infraestructura con que contamos”.

--¿El estado de Morelos tiene la posibilidad médica y tecnológica para realizar checkups a los miembros del seguro popular?. “Desde luego la tenemos”, responde el funcionario.

Sin embargo y a pregunta expresa, el secretario asegura que en lo referente al desempeño y números del seguro popular del sexenio anterior, es preferible olvidarlo, y reconoce que no tiene forma de comprobar que la totalidad de los exámenes se hayan realizado.

-- Mire, la verdad yo prefiero mirar para adelante…y si algo hubiera, mejor se los entrego primero a la contraloría que a cualquier reportero, ¿no cree usted?, asegura socarronamente durante la entrevista.

No obstante, el gobierno de Morelos si está debida y completamente enterado de lo que sucedió al amparoc on esos contratos y puede darse una idea cómo se entregaron a la empresa de Fernández Urbán al grado de que cuentan con los elementos jurídicos para emplazar a un pleito judicial a Tecnologías Médicas pues el consejero jurídico del gobierno estatal, Pedro Luis Benítez Vélez tiene en su poder, desde el 22 de enero de este año, toda la documentación que prueba dicho fraude.

Mediante el oficio SS/REPSS/MOR/031/07 el director general del REPSS, Mario Alberto Oliva Ruíz le pone en antecedentes y le solicita a Benítez Vélez “intervenir y, en su caso, ejercer las acciones y excepciones que correspondan, respecto a la expresa controversia (…) en torno a la acreditación del resultado material inherente al cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios suscritos los días 8 de mayo y 12 de septiembre (…) entre el gobierno del estado y la sociedad anónima de capital variable denominada Especialidades Médicas de México”. En ese mismo documento Oliva Ruíz le incluye siete diferentes documentos, entre contratos, oficios y otras documentaciones relacionadas con el servicio vinculado a los chekcups.

Y es que Oliva Ruíz, al tomar las riendas de REPSS y del Seguro Poluar observó que existían inconsistencias e irregularidades en la aplicación de los chekcups y por ende, en el cumplimiento de los millonarios contratos, lo cual dio inicio a una diputa epistolar con la Garcés Galvan, quien reclamó airadamente en noviembre de 2006 el retraso de los pagos de septiembre y octubre. Días después Oliva Ruíz le contesta mediante oficio SS/REPSS/MOR/&59/06 del día cinco de diciembre, que para que le sean pagados los estudios es necesario que se someta al proceso, requisito y trámites correspondientes.

En un tercer documento del día dos de enero de 2007, la directora de la empresa, Carolina Garcés Galván vuelve a la carga para solicitar el pago de lo que “ya se hizo”, pues ambos contratos culminaron el 31 de diciembre de 2006 y “avisa” que ya no se realizarán más estudios porque el contrato ha finalizado, al tiempo en que chantajea que no harán más exámenes –ni siquiera los pendientes—si no existe otro contrato.

“…El gobierno del estado no sólo ha dejado de explotar las bondades del programa (de checkups) sino que se ha mostrado (sic) una actitud de desinterés y hostilidad (…) en virtud de lo anterior, le informamos que nuestras obligaciones contractuales especificadas en los contratos de fecha 8 de mayo y 12 de septiembre, vencieron el 31 de diciembre del 2006, y con la finalidad de no causar perjuicio alguno a los pacientes (…) se atenderán exclusivamente a los pacientes que se encuentren en tránsito y que por razones personales no pudieron llegar a alguna de nuestras clínicas (¿?), la empresa que represento absorberá los gastos generados por dicha atención. (…) A partir del 7 de enero de 2007, no se atenderán pacientes de nueva programación, tanto estudio por evento, checkups, hasta que se concrete la firma de un nuevo contrato”.

Y es que Tecnologías Médicas de México se había acostumbrado al trato preferencial recibido por los funcionarios del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. El entonces director general de recursos materiales y control patrimonial, Jorge Mario Arregui Uribe no sólo promovió los contratos a modos, sino que estableció las condiciones jurídicas para que el incumplimiento de los mismos no generara molestias a los proveedores ni a ellos mismos como ex funcionarios. “El señor Arregui fue el que protegió al gobierno”, reconoce Fernández Urban, quien ve en Arregui a un amigo “al que incluso se le abren las puertas de mi casa”. Jorge Marrio Arregui Uribe, asistió el 19 de abril a la fiesta de presentación del nuevo proyecto hospitalario de Fernández Urbán y cuenta con un espacio para trabajar en las oficinas de Tecnologías Médicas de México. Todo un amigo.

Buen negocio

En entrevista en junio de 2007, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, reconoció que efectivamente los contratos celebrados con el gobierno de Morelos representaron un buen negocio para su empresa, sin embargo buscó dejar claro que estos no representaron un quebranto para el estado porque –aun cuando se cumplieron por completo las exigencias de los mismos—“fuimos obligados a garantizar a través de una afianzadora la cantidad total de los contratos”. Lo cual no es verdad.

Se le cuestionó sobre la inconsistencia de las cifras de atención, y sobre la imposibilidad de que ninguna de las partes involucradas puedan comprobar que se cumplió con la meta trazada y pagada de número de checkups. Indicó que los contratos de prepago son válidos, y sobre todo el pago por adelantado en los mismos, lo que ejemplifica con los vales de gasolina o de despensa que se entregan a trabajadores de empresas o al servicio del estado. Los vales se entrega, la gente pude ir a gastarlos o no, es su decisión.

A pregunta expresa, Fernández Urbán sencillamente se pone la soga al cuello cuando manifiesta que además de haber garantizado el dinero público vía fianzas de ING Comercial América, asegura que se cumplieron con todos los exámenes, lo cual se contrapone con la versión de la directora general de su empresa, Carolina Garcés cuando éste reclamaba al ahora director del REPSS, Oliva Ruíz, el tratamiento del “nuevo” gobierno estatal.

-- Entonces, ¿Qué cantidad de pacientes habrán atendido diariamente para lograr cumplir con el número…?

-- Mira, te puedo dar a mas tardar –si me buscas-- el miércoles, (la entrevista fue el viernes) te puedo dar número de pacientes que fueron atendidos y creo que ya podemos tener ese día el nombre de los pacientes atendidos… y cuantos, cuantos diarios… una estadística.

Fernández Urbán entregó días después al reportero –previa solicitud de una copia de su identificación-- dos discos compactos con rótulos a mano. Los discos al ser introducidos a una computadora, estaban completamente vacíos, cuestión que se le informó directamente vía radio comunicador y argumentó una falla de su quemador.

Ofreció enviar la información prometida vía correo electrónico horas después –“en cuanto llegue a Cuernavaca”—A casi tres semanas de la entrevista y a pesar de la promesa del empresario, la información no llegó, ni física o electrónicamente.

En el numeral 3 del oficio 017/2008 dirigido al Jefe de la Unidad de Información Pública de la SS. Jesús Vázquez Flores, el REPSS reconoce que no tiene estadísticas o resultados de los checkups realizados y asegura que la empresa responsable, se negó a entregarlos argumentando “principios éticos y científicos”.