El gobierno actual y su secretario de salud, Victor Solano ocultaron información durante más de un año. El procedimiento del órgano se suma una denuncia de la Contralora.
Samantha Brito
CUERNAVACA, MOR.- La Auditoria Superior Gubernamental (ASG) iniciará oficialmente en unos días un procedimiento administrativo de responsabilidades contra los presuntos culpables del fraude de casi 60 millones de pesos, perpetrado en el Seguro Popular estatal por funcionarios de la administración pasada y con la autorización del ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal Ramírez a finales de su gestión.
Gerardo Casamata Gómez, titular de la ASG aseguró que el procedimiento administrativo buscará encontrar el grado de responsabilidad de los funcionarios o ex funcionarios involucrados en esta estafa en la que está involucrada la empresa Especialidades Médicas de México S.A. y cuyo desempeño ocultó por más de un año el gobierno estatal y el secretario de salud, Víctor Manuel Caballero Solano.
De acuerdo a información recabada de Tiempo M, a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la administración del ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, es responsable de la estafa millonaria que asciende a los 60 millones de pesos, que fueron pagados por adelantado a Especialidades Médicas de México S.A (con nombre comercial Tecnologías Medicas), para la realización de casi 50 mil estudios médicos, de los cuales solamente fueron realizados 6 mil 182 exámenes.
Dentro de los datos en manos de esta casa editorial, los responsables directos de este fraude millonario contra el estado, son el ex secretario de salud, Antonio Campos Rendón (quien está en medio de un procedimiento penal), el ex oficial mayor, Alfonso Pedroza Ugarte y el director de recursos materiales y control patrimonial, Jorge Mario Arregui Uribe.
Aunado a esto, el secretario de salud, Víctor Manuel Caballero Solano junto con el titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Mario Alberto Oliva Ruiz ocultaron información en los inicios de la administración del actual gobernador, Marco Adame Castillo para paliar la situación y evitar que la empresa de Joaquín Guillermo Fernández Urban “saliera a la luz” en los medios de comunicación.
En este sentido, Caballero Solano, reconoció que negó la información, sin embargo dijo también que esta documentación y datos se los entregó a la Secretaría de la Contraloría del estado, a quien le correspondía decidir si este asunto caminaba por vía civil o penal.
Cabe destacar que desde el 22 de enero de este año, el consejero jurídico de gobierno del estado, Pedro Luis Benítez Vélez tiene en sus manos toda la documentación que prueba dicho fraude.
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