Nueva Ley del Transporte
Todo para el Gobierno
Samantha Brito
El gobierno del estado y la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del estado, se valieron del viejo adagio “al cliente lo que pida” para acaparar de tajo el control y sanción del servicio del transporte público en la entidad.
Amparados en la bandera de buscar para el ciudadano-usuario un mejor servicio, la nueva ley del ramo no sólo regulará, vigilará y castigará los excesos en este oscuro imperio, sino que también estará al pendiente de sus ingresos “extras” derivados de las diversas modalidades de publicidad presente en los camiones, lo que convierte a esta propuesta en el único dique real contra la anarquía e ilegalidad en la que pervive el sector desde hace casi dos décadas, cuando el ex gobernador, Lauro Ortega Martínez desapareció el “pulpo camionero” e inauguró el sistema de colectivos en la entidad.
La ley
Tuvieron que pasar más de 20 años para que el gobierno de Morelos, al fin pudiera meter una mano en el fangoso terreno del auto transporte público del estado de Morelos. De acuerdo lo contenido en 120 artículos y aún contra la oposición de los líderes del transporte público, principalmente los conocidos como “ruteros”, el cliente deberá recibir un trato de calidad, además de ser transportado en unidades en condiciones de casi de excelencia, independientemente de los operadores cuenten con capacitación y salud suficiente para manejar las unidades.
Para el presidente de la comisión de transporte del Congreso local, Francisco Alva Meraz, la nueva ley es un avance significativo en la materia. A diferencia de la última ley publicada el 8 de febrero de 1989, durante el gobierno de Antonio Riva Palacio López, la reglamentación propuesta por el PAN y avalada por casi todos los partidos políticos de la presente legislatura estatal, contempla también la clasificación del servicio y establece un procedimiento claro para el otorgamiento de concesiones que en los últimos años ha presentado un sinnúmero de irregularidades y derivado en esquemas de corrupción, donde funcionarios del ramo, transportistas y hasta periodistas han resultado involucrados.
Así, entonces los transportistas estarán bajo control férreo del Ejecutivo estatal a través de la Secretaria de gobierno y las direcciones de Control Vehicular y de transporte, que aunque estaban facultades en la vieja ley para ejercer control, con la nueva reglamentación ganaron en facultades y ampliaron el radio de sanciones lo que generó de inmediato la reacción de los transportistas, quienes de inmediato amenazaron con una ola de amparos y con elevar drásticamente las tarifas porque los cambios implicarán “afectaciones a sus ingresos”.
Y es que la nueva ley no sólo contempla sanciones y control, sino que también busca generar certidumbre y orden en el manejo de las conceciones, viejo elemento de control y desaseo al interior del sector. Con la nueva reglamentación las autoridades tendrán en derecho directo a retirar los permisos casi por la mínima causa.
Es decir, los motivos de anulación, revocación o cancelación de las conceciones, obligará a los transportistas a mantener las unidades en servicio sin interrupciones injustificadas como puede ser protestas y bloqueos. Si el permiso es retirado, puede ser entregado mediante el procedimiento observado en la misma ley a cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos aún cuando no pertenezca al “círculo selecto” del transporte, como sucedía hasta hace unas semanas.
Los usuarios
Mientras que los transportistas aun mantienen un debate sobre los alcances y naturaleza de la misma ley, lo usuarios ya podrán visualizar que en breve contarán –al menos en el papel-- con un mejor servicio. Con la nueva ley, los operadores y los dueños de las conceciones ya no podrán tratar al usuario como hasta ahora, ni utilizar las unidades para amedrentar a los automovilistas, por ejemplo.
En el caso de los ruteros, deberán cuidar al usuario durante su ascenso y descenso, equipar las unidades para facilitar el transporte a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y menores de tres años quienes podrían beneficiarse al obtener descuentos en las tarifas, lo cual no se observa con otros grupos, como los estudiantes universitarios.
Asimismo, deberán someterse a un examen médico que acredite su aptitud psicofísica, para prestar el servicio de transporte público. También deberán portar gafetes de identificación.
La reforma garantiza un servicio de transporte de calidad, en cualquiera de las modalidades establecidas en la ley: con o sin itinerario fijo, urbano, interurbano, mixto, de carga, carga especializada, privado, particular. Asimismo, el usuario deberá observar cambios en las actitudes de los chóferes pues estos recibirán capacitación, lo que también ya estaba observado en la antigua ley, sin embargo ahora deberán observarse asesados, utilizar uniforme, no tener a la mano ningún tipo de distracción, sea un objeto o una persona; en cuanto a la unidad, se deberá otorgar el 10 por ciento del total de asientos, a personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores.
La zozobra del usuario y del transeúnte terminarán –al menos en el papel—porque las carreritas entre ruteros por ganarse el pasaje se terminarán, porque la ley los obligará a contar con un gobernador de velocidad además de conducir con puertas cerradas, utilizar el alto total al momento del descenso y ascenso de pasajeros a la unidad, esto con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad del usuario.
“Los requisitos vistos en la nueva legislación, deberán incorporarse a la dinámica del transporte de forma inmediata”, asevera Alva Meraz, ya que es común oír de la voz ciudadana –agrega-- quejas por el las altas velocidades, la falta de precaución para pasar los topes, arrancar en el descenso y ascenso de los pasajeros sin constatar la seguridad de los mismos. “Representara hacer un mayor esfuerzo por cumplir las condiciones de higiene, educación, respeto y responsabilidad, para al fin de cuentas avalar la calidad. Eso lo sabemos, pero tienen que cumplirle al usuario”.
La oposición
Pese a los beneficios que se busca para los principales destinatarios del servicio como son los usuarios, los primeros y los únicos que protestaron por la implementación de la nueva ley, fueron los dueños de las concesiones, escudándose principalmente en la ley es injusta y ofreciendo argumentos que no lograban sustentar en los hechos. Sólo buscaban no salir afectados, como siempre.
Antes de la aprobación de la ley, el líder de la Federación Auténtica de Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, presentó un documento al vocal de la comisión de tránsito y transporte del Congreso local, Jaime Tovar Enríquez, con observaciones e inconformidades, mismas que pedían fueran modificadas para no afectar al sector transportista.
En el documento apelaban las “facultades extraordinarias” que se le otorgaba al Ejecutivo por medio de la regulación de publicidad en las unidades. Además de poner en riesgo la inversión del sector transportista, en los artículos 61,62 y 63 que establecen 15 causales para perder la concesión, “dejando en total indefensión al gremio transportista”, señala el documento.
Igualmente, apuntó que el otorgar el 50 por ciento o la exención de pago a menores de 3 años, personas discapacitadas y adultos mayores es incongruente, sobre todo con el panorama que dibuja la economía en este 2008, con el aumento de costo de la gasolina. Rivera Jaimes no descartó un aumento considerable a las tarifas para “solventar la situación”.
Rivera Jaime encontró cierto eco en las fracciones parlamentarias de oposición en el Congreso local (PRI y PRD) quienes debatieron la discrecionalidad de las “nuevas” facultades de la dirección del Transporte en cuanto a la colocación de publicidad, por lo que condicionaron la desaparición de esas fracciones de los artículos 12, 77, 87, 90 y 93, además de la eliminación de los artículos 89 y 96.
Por separado, en entrevista, Anselmo Delgadillo Saavedra, presidente de radio taxis turísticos, ejecutivos y empresariales de Morelos S.A de C.V coincidió con Rivera Jaimes al calificar el descuento del pasaje como “no factible”, con el argumento de las alzas con las que el sector recibió el año. “El alza a los energéticos desencadenará una serie de aumentos en escalada”. También, señaló que al dialogar con los diputados de la comisión de transportes, Francisco Alva Meraz y Jaime Tovar Enríquez se lograron incorporar aspectos que beneficiarán al sector del transporte, por ejemplo en lo referente a la colocación de la publicidad.
Sin embargo, se mostró escéptico de la aplicación de esta ley, pues aún cuando observa avances, la considera un verdadero freno para el desarrollo del transporte. “Hay que ver el buen criterio del gobierno en el buen uso de esta ley, para que no sea por medio de golpes al sector, la estrategia de alinearnos y someternos al orden”, sostuvo
